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Esta mañana, el Gobierno Nacional mandó al Crongreso un proyecto de ley para la estatización del 51% de YPF SA. El mismo declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y aclara que las acciones estatizadas son las que actualmente pertenecen a la empresa española REPSOL. En este marco, se decretó la intervención de la empresa por un plazo de 30 días.

Se realizó en Rosario el plenario del Encuentro Amplio Nacional de Cooperativas, un espacio que agrupa a más de 60 cooperativas de trabajo y empresas recuperadas de todo el país. En lo que va del año han llevado a cabo dos jornadas de lucha nacionales ante la decisión del gobierno nacional de quitar la única línea de subsidios para el sector: la Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado (PTA). Además, reclaman la apertura de una mesa para tratar políticas de fondo, y la aprobación de una Ley Nacional de Expropiación de empresas recuperadas por sus trabajadores.

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La Red de Médicos de Pueblos Fumigados, conformada con el objetivo de estudiar y recopilar datos sobre el impacto que la actual forma de producción agroindustrial ocasiona en nuestras comunidades, presentó su informe sobre la Situación de los Pueblos Fumigados en Argentina, 2012. Después de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: “los problemas respiratorios son mucho más frecuentes (...) son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios. Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentó notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. (...) Cada vez nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones. Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. se diagnostican con frecuencia en estas áreas”.

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La cultura de la ciudad de Córdoba se encuentra en una encrucijada apremiante. Desde la gestión municipal de Ramón Mestre, a través de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad a cargo de Pancho Marchiaro, se está impulsando la creación de una fundación llamada Instituto Municipal de Cultura que vendría a reemplazar a la Secretaría estatal y a abrir la puerta para que entes privados definan las políticas culturales y el manejo de los recursos públicos del área. El proyecto de creación de la fundación se encuentra en el Concejo Deliberante –donde tiene mayoría el oficialismo radical- y cuenta con orden de preferencia para su tratamiento, por lo que será votado el 19 de abril. La urgencia de exigir un debate abierto y participativo en torno a la gestión cultural local está alcanzando su pico más alto. Y no hay demasiado tiempo.

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El 29 de marzo se cumplieron dos años del brutal asesinato de Silvia Suppo, testigo clave en la causa en la que se condenó al juez federal Víctor Hermes Brusa, al ex policía Eduardo “Curro” Ramos y la ex guardiacárcel María Eva Aebi, por delitos de lesa humanidad. Mientras los tres genocidas gozan desde diciembre de un régimen privilegiado de salidas transitorias, la causa por Silvia Suppo está encallada en el laberinto judicial dado que los jueces consideran que se trató de un delito común y se niegan a investigar la motivación política del crimen. En Rafaela, el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo realiza un trabajo militante "de la gota que va cayendo sobre la piedra y abriendo algunas grietas al silencio y la desmemoria", en palabras de Marina Destéfani, hija de Suppo.

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El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 hizo pública este lunes 26 de Marzo la sentencia en la primera parte de la mega causa que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en el Servicio de Informaciones (SI). Ramón Genaro Díaz Bessone, principal responsable vivo del plan represivo en Rosario y zona de influencia, fue condenado a prisión perpetua, al igual que el ex Oficial José Rubén “El Ciego” Lofiego. En tanto, los ex policías Mario Alfredo “El Cura” Marcote, fue condenado a 25 años, Ramón “El Sargento” Vergara a 12 años y José Scortechini a 10 años de prisión. Por su parte, Ricardo “El Cady” Chomicky fue absuelto, lo que generó un repudio generalizado e indignación en la querella que lo consideraba parte del aparato represivo.

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El sábado 24 de Marzo multitudinarias movilizaciones se realizaron en diversos puntos del país, reclamando Juicio y Castigo a los genocidas. Pero además, esta jornada estuvo cruzada por cuestionamientos al gobierno en su política de derechos humanos, lo que sumó a los reclamos la derogación de la denominada “Ley Antiterrorista”, la denuncia del Proyecto X y de la criminalización de la protesta.

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